La Comisión especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China ha abierto una investigación bipartidista sobre Mercedes-Benz. Los legisladores quieren conocer el papel de sus accionistas chinos, las condiciones de sus alianzas tecnológicas y el origen de los componentes chinos que llegan a vehículos fabricados o vendidos en el mercado estadounidense. La compañía debe entregar documentos y responder unas dos docenas de preguntas antes del 1 de diciembre de 2026. La apertura del expediente no acredita una infracción ni prohíbe vender automóviles.

El republicano John Moolenaar, presidente de la comisión, y el demócrata Ro Khanna, su miembro de mayor rango por la minoría, anunciaron la investigación el 17 de noviembre. La carta va dirigida a Ola Källenius, consejero delegado del grupo, y a Jason Hoff, responsable de Mercedes-Benz North America. También solicita una reunión presencial de supervisión y la conservación de documentos y comunicaciones electrónicas relacionados con el asunto.

Dos accionistas suman un 19,67%

La información corporativa de Mercedes-Benz, actualizada a 30 de junio de 2026, sitúa a BAIC Group en el 9,98% del capital registrado. Li Shufu posee otro 9,69% mediante Tenaciou3 Prospect Investment Limited. En conjunto representan un 19,67%. Kuwait Investment Authority figura con un 5,33%, y el fabricante declara 962.903.703 acciones en circulación.

La comisión recalca que BAIC es una empresa estatal china y plantea si la naturaleza de ambos inversores puede traducirse en influencia o acceso a información. También señala que su peso entre los votos emitidos en una junta concreta podría ser mayor que su porcentaje del capital si no participan todos los accionistas. Se trata de una preocupación de los congresistas, no de una conclusión jurídica sobre coordinación o control.

Mercedes-Benz ha comunicado a Reuters que colaborará. La empresa sostiene que funciona de forma independiente bajo su consejo de administración y que sus accionistas no ocupan puestos en ese órgano ni tienen autoridad de gestión. Añade que respalda desde hace tiempo las medidas destinadas a proteger la seguridad nacional estadounidense. Los contratos y comunicaciones solicitados servirán para contrastar esa posición con la práctica.

El foco incluye sensores, nube y propiedad intelectual

Los congresistas piden acuerdos con BAIC, Li Shufu y otras entidades de la República Popular China. El comunicado identifica a Hesai, Tencent y Momenta entre los socios tecnológicos que serán examinados. Las preguntas abarcan una posible influencia de Pekín en decisiones estratégicas, el intercambio de tecnología, el acceso de empresas chinas a investigación propia de Mercedes-Benz y los contactos con funcionarios del Gobierno chino.

La comisión también reclama datos sobre componentes fabricados en China en coches producidos o comercializados en Estados Unidos. En un vehículo conectado no basta con saber dónde se ensambla la carrocería. Sensores, unidades de control, módems, programas y servicios en la nube pueden tener proveedores y permisos distintos. Esa distribución técnica determina qué empresa procesa información y quién puede actualizar una función.

Mercedes-Benz documenta parte de su desarrollo local en China. MB.DRIVE ASSIST PRO se estrenó allí con el nuevo CLA a finales de 2025. El sistema SAE de nivel 2 emplea 27 sensores, aunque exige vigilancia continua y mantiene al conductor como responsable. El fabricante había descrito además una alianza local con Tencent para servicios en la nube que apoyan la conducción automatizada. La existencia de esos proyectos no demuestra por sí sola un acceso indebido a datos; explica por qué la investigación solicita cláusulas sobre control, seguridad y propiedad intelectual.

La investigación no es el proyecto del umbral del 15%

Al mismo tiempo, el Congreso estudia el Connected Vehicle Security Act of 2026. La versión de S. 4429 remitida por el Senado limitaría vehículos conectados y determinadas tecnologías vinculadas con China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Uno de sus criterios considera una participación superior al 15% en capital, votos, órganos de gobierno u otros indicios de control procedentes de un país cubierto.

La suma de BAIC y Li Shufu rebasa ese porcentaje. Eso no convierte hoy a Mercedes-Benz en una marca prohibida: la propuesta todavía no es ley y dos inversiones separadas no prueban que exista un control concertado. El senador republicano Bernie Moreno, uno de sus promotores, ha dicho que la redacción definitiva garantizará que Mercedes-Benz pueda continuar en el mercado estadounidense. También se negocia cómo tratar a Volvo Cars, controlada por Geely.

Conviene separar ambos procedimientos. La Cámara recopila pruebas sobre una empresa determinada. El Senado negocia definiciones generales, plazos y vías de autorización. A 18 de noviembre, ninguno impide matricular o vender un Mercedes-Benz en Estados Unidos, ni obliga a modificar los coches ya entregados.

Comercio ya regula ciertas tecnologías conectadas

El Departamento de Comercio aprobó en enero de 2025 una norma definitiva para cierto hardware de conectividad y software de conducción automatizada con vínculos suficientes con China o Rusia. El Bureau of Industry and Security citó riesgos de acceso a información sensible y manipulación remota. Las restricciones de software se aplican principalmente desde el año modelo 2027 y las de hardware llegan, en general, al año modelo 2030. El sistema incorpora declaraciones de conformidad y autorizaciones.

La nueva investigación añade cuestiones societarias a ese control técnico. Reúne accionistas, contratos de investigación, proveedores y relaciones con autoridades. Por eso alcanza a un grupo alemán con producción importante en Estados Unidos: Mercedes-Benz fabrica SUV en Alabama y furgonetas en Carolina del Sur. Una definición amplia podría afectar a plantas y suministradores estadounidenses, no solo a un vehículo terminado en China.

El efecto inmediato para los clientes es nulo

La comisión no ha señalado un modelo que envíe datos de conductores a las autoridades chinas. Tampoco ha ordenado una llamada a revisión o el apagado de servicios conectados. La carta no cambia hoy la garantía, el funcionamiento del coche ni su disponibilidad comercial.

Después del 1 de diciembre pueden llegar audiencias adicionales, solicitudes técnicas más detalladas o propuestas para modificar la ley. Las medidas futuras podrían exigir trazabilidad de piezas, separación de accesos a datos, revisión de acuerdos o una definición más precisa del control accionarial. Hasta que aparezcan pruebas concretas, el límite de los hechos es claro: la investigación está abierta, Mercedes-Benz promete cooperar y el primer plazo corresponde a la entrega de información.

Imagen: Mercedes-Benz Media. Fotografía oficial de prensa de MB.DRIVE ASSIST PRO en China, convertida localmente a WebP.

Fuentes