Un proyecto de ley que se debate en Estados Unidos para limitar la tecnología automovilística vinculada con China podría afectar también a Mercedes-Benz. El texto establece un umbral del 15% para la participación o el control de entidades de países considerados adversarios. Según la información citada en el debate, Geely y Beijing Automotive poseen juntas casi el 20% del fabricante alemán.
El caso es relevante porque Mercedes-Benz no es un fabricante chino y mantiene una actividad industrial importante en Estados Unidos. La empresa produce SUV en Alabama y tiene una planta de furgonetas en Carolina del Sur. El objetivo declarado de la propuesta es reducir los riesgos relacionados con los datos y el software de los vehículos conectados, pero el criterio de propiedad podría incluir a una marca alemana con accionistas chinos.
Qué propone el proyecto
La versión del Senado publicada por el Government Publishing Office se denomina Connected Vehicle Security Act of 2026. Prohibiría, desde el 1 de enero de 2027, la importación, fabricación, venta, reventa o introducción en el comercio interestatal estadounidense de determinados vehículos conectados. El software incluido en la propuesta tendría el mismo plazo, mientras que el hardware de conectividad quedaría sujeto a la prohibición desde el 1 de enero de 2030.
Los países cubiertos serían China, Rusia, Irán y Corea del Norte. La definición de vehículo conectado es amplia: incluye un vehículo destinado principalmente a las vías públicas que integre hardware y software capaces de comunicarse mediante redes móviles, satélite, Wi-Fi, comunicaciones dedicadas u otra conexión inalámbrica. La medida no se limita, por tanto, a los coches eléctricos, autónomos o de marcas chinas.
El texto también define una prueba de propiedad y control. Un fabricante podría quedar incluido si más del 15% de su capital, derechos de voto, representación en el consejo u otros indicios de control pertenecen, directa o indirectamente, a una entidad organizada o con sede principal en un país cubierto. La redacción va más allá de un veto a los vehículos importados desde China.
Por qué Mercedes-Benz aparece como caso de prueba
Motor1 informa de que Geely y Beijing Automotive poseen juntas casi el 20% de Mercedes-Benz. La compañía alemana tiene además una huella industrial considerable en Estados Unidos. La planta de Alabama fabrica SUV para distintos mercados y la de Carolina del Sur produce furgonetas. Una norma basada únicamente en el país de fabricación no bastaría para incluir a Mercedes; el umbral de propiedad sí podría hacerlo.
Una participación financiera no equivale automáticamente al control de la empresa. El director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha defendido que las participaciones chinas son pasivas y financieras. Según explicó, los inversores no actúan coordinadamente con Pekín y no están representados en el consejo de administración. Esa es la posición de Mercedes, pero no una interpretación jurídica definitiva del proyecto.
El debate también tiene una dimensión industrial. El senador Ted Cruz ha acusado a General Motors de presionar a favor del umbral para sacar a un rival del mercado estadounidense. La acusación no ha sido verificada de forma independiente. Su presencia en la discusión demuestra que una iniciativa presentada como medida de seguridad también se negocia en relación con la competencia entre fabricantes.
Aumentar el límite o crear excepciones
Mercedes-Benz está presionando para elevar el límite del 15% al 25%. Si el resto del texto no cambiara, ese aumento dejaría las participaciones citadas por debajo del umbral y evitaría una reestructuración inmediata del accionariado.
El senador Bernie Moreno, uno de los principales impulsores de la propuesta, también ha mencionado posibles exenciones. Estas permitirían que Mercedes continuara operando mientras las autoridades estudian la estructura de propiedad y el cumplimiento de la ley. El proyecto contempla autorizaciones cuando el Departamento de Comercio determina, mediante una evaluación escrita, que una operación no implica un riesgo indebido de extracción de datos, manipulación remota del vehículo, daños a infraestructuras críticas u otra amenaza para la seguridad nacional.
Rand Paul ha advertido que una línea del 15% podría incluir a Mercedes-Benz, Aston Martin y Lotus, aunque ninguna de esas marcas sea china. Una exención puede solucionar un caso concreto, pero también dejaría una parte relevante de la decisión en manos de la administración.
Según Motor1, el voto definitivo se ha aplazado hasta noviembre, después del receso del Senado. Si el proyecto se aprobara sin cambios sustanciales, Mercedes-Benz tendría hasta 2030 para adaptar su estructura de propiedad. Ese plazo depende todavía del texto final y de su aprobación por el Congreso.
Software y hardware tienen calendarios diferentes
La propuesta distingue entre software y hardware. La integración del software cubierto en un vehículo conectado quedaría prohibida desde 2027, mientras que el hardware de los sistemas de conectividad se regularía desde 2030. El texto también pretende evitar que un producto quede fuera de la ley mediante un cambio de nombre, marca, estructura empresarial o configuración.
El Departamento de Comercio ya cuenta con una norma sobre la cadena de suministro de los vehículos conectados. El Bureau of Industry and Security considera que ciertos componentes y programas con una relación suficiente con China o Rusia pueden exponer datos personales, infraestructuras críticas y funciones de control remoto. Las limitaciones de software se aplican a los vehículos del año modelo 2027 y las de hardware al año modelo 2030, con declaraciones de conformidad, autorizaciones y opiniones consultivas.
El proyecto del Senado añadiría una prueba explícita de propiedad y control del fabricante e incluiría a Irán y Corea del Norte. La regla administrativa se concentra principalmente en el origen de la tecnología y en sus proveedores.
Qué pueden esperar los compradores
La propuesta no prohíbe actualmente a Mercedes-Benz en Estados Unidos. El voto no ha concluido, el umbral del 15% puede cambiar y tampoco están cerrados el sistema de excepciones ni el plazo de 2030. Incluso si el Congreso aprobara una ley, sus efectos dependerían de las definiciones finales y de las normas de aplicación del Departamento de Comercio.
Para los compradores, el efecto se produciría sobre todo en los vehículos importados o vendidos en el futuro y en las tecnologías instaladas en ellos. El texto no convertiría automáticamente en ilegales todos los Mercedes-Benz que ya circulan. Su objetivo principal es el comercio futuro, el software y el hardware incluidos en las definiciones y los fabricantes que superen los límites previstos.
Los hechos confirmados son la existencia del proyecto, el umbral propuesto del 15%, las participaciones chinas citadas en el caso de Mercedes-Benz y el aplazamiento de la votación. No se ha aprobado una prohibición para Mercedes-Benz y la forma definitiva de la ley sigue abierta.
